El conflicto social en Guerrero.
Notas para la compresión de un proceso de lucha de clases de largo aliento
Chalo (IRI)
En las últimas semanas, las primeras planas de importantes diarios de circulación nacional han sido invadidas por un proceso cuya importancia y magnitud resultan ya inocultables. El Movimiento Popular Guerrerense, una organización de masas compuesta por diversos sectores sociales, todos organizados ya desde hace mucho tiempo en sus respectivos frentes —los normalistas de Ayotzinapa, los maestros de la CETEG y los policías comunitarios de la CRAC— ha alcanzado un grado de independencia política que hace mucho no se veía en una organización tan numerosa, independencia que se ha expresado en forma de una acción directa, que ha resultado incontenible para el gobierno y que se ha dirigido centralmente contra los dos grandes enemigos de los explotados: el estado y el capital; pero sobre todo, contra aquellas instancias institucionales que demostraron su verdadera cara al no ser capaces de representar los intereses de la sociedad: los partidos políticos y los sindicatos. En este artículo, esbozaremos una explicación de esta situación tan compleja y tan importante en términos históricos, en el largo plazo, para la organización y la emergencia de nuevos procesos auténticamente revolucionarios y clasistas.
I
La marcha del pasado 1 de mayo cobró en Guerrero un cariz de radicalidad inusual. Acostumbrados como estamos a que en esa fecha gigantescas movilizaciones sindicales transcurran más bien como paseos de domingo y concluyan
con los tradicionales discursos de los líderes charros, himnos nacionales, “vivas México” y demás consignas conciliadoras y tranquilizantes, nos sorprende lo que en Chilpancingo tuvo lugar el miércoles pasado. Después de marchar por la Autopista del Sol, un contingente de miles de maestros, campesinos, estudiantes normalistas, amas de casa, pintó consignas políticas a su paso por el Palacio de Cultura, el Ayuntamiento y las oficinas de la Auditoría General del Estado. Posteriormente, se dirigieron a las instalaciones de la Policía Federal, en donde destruyeron todas las ventanas. Poco tiempo después, atacaron las oficinas estatales de la SEP y dañaron dos vehículos oficiales que encontraron afuera. Acto seguido, se fueron sobre otra instancia del estado, la Casa Guerrero, a la que atacaron con cohetes y petardos, desatando un zafarrancho contra los pocos policías que la custodiaban y del que no resultó detenido ningún manifestante. Ángel Aguirre, horas después, prometió mano dura.
Seis días antes, el 25 de abril, el MPG atacó la sede del SNTE, ubicada justo en frente de las oficinas de la Procuraduría estatal. Después de una marcha pacífica en protesta contra la liberación de los policías acusados de asesinar a dos normalistas en diciembre de 2011, los maestros y demás miembros del Movimiento arremetieron contra el inmueble del ala oficialista del sindicato que había sido previamente desalojada.
Dos días antes, el mismo movimiento respondió de manera contundente a la aprobación que los legisladores locales dieron a las reformas a la ley estatal de educación, por no contemplar las propuestas realizadas por el magisterio organizado. Las sedes de los partidos PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI de Chilpancingo fueron apedreadas y destrozadas por fuera; las de este último fueron incluso incendiadas. La mañana de ese día, Minervino Morán, uno de los dirigentes de la CETEG, fue sumamente claro en sus declaraciones: “En Guerrero se agotó la vía institucional para encauzar demandas sociales y desde este momento nos declaramos en desobediencia ante las reformas federales”. Por la noche, el gobernador Aguirre anunciaba órdenes de aprensión contra él y contra Gonzalo Juárez Ocampo, otro representante magisterial.
Lo anterior no es sino un botón de muestra de la situación tensa que prevalece en Guerrero desde hace meses. El paro laboral de los maestros, que abarca más de 500 centros educativos y en el que participan más de 6 mil maestros, ha cumplido más de dos meses. Es necesario señalar que el poder legislativo sesiona en una sede alterna de Acapulco porque el pasado 18 abril, 50 mil profesores cercaron el Congreso de Chilpancingo. En marzo, los maestros habían cerrado durante casi 12 horas una gran cantidad de tiendas de autoservicio y centros comerciales; durante la Semana Santa, realizaron dos bloqueos en la Autopista del Sol hasta que fueron desalojados violentamente por la policía. El motivo de la protesta es la aprobación estatal de la Reforma Educativa enviada por el ejecutivo, y su radicalización tiene como principal móvil la absoluta insensibilidad de las autoridades para con la evidente disconformidad que esta reforma despierta en la mayor parte del profesorado guerrerense; pero también, la actitud traidora y absolutamente colaboracionista de los partidos de la izquierda, que tras los bloqueos de la Autopista se habían comprometido a votar en contra de la Reforma, cosa que no hicieron.
La actitud de las autoridades y de la izquierda burguesa se explica por el contexto histórico en el cual se aplica la reforma. Es claro que la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República y la consecuente aparición del “Pacto por México” como consenso absoluto de la clase política frente a su figura tienen por objetivo la aplicación definitiva de las reformas estructurales. Estas reformas no tienen otro fin que la consolidación absoluta del neoliberalismo en nuestro país, lo que significa la desaparición de todo tipo de derechos de la clase trabajadora y de cualquier forma de gestión democrática de los recursos y del ingreso, que hasta la fecha las distintas comunidades han logrado preservar y proteger del voraz avance de la lógica capitalista. Esta vez no hay marcha atrás y las reformas se aplicarán sobre cualquier resistencia.
II
“Las vías institucionales están agotadas”, señaló acertadamente el profesor Morán; pero en este punto convergen trayectorias distintas, de luchas paralelas contra el capital y su expresión histórica neoliberal, y que terminan por explicar porqué esta radicalización de la lucha social en Guerrero ha resultado, hasta el momento, invencible para el estado. El 10 de abril, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias —Policía Comunitaria de Guerrero, hizo pública su alianza con el recién formado MPG. Dicha alianza se hacía “en apoyo de las demandas del magisterio movilizado por la defensa de los derechos laborales de los maestros y por hacer valer el derecho humano de nuestro pueblo a la educación gratuita… Con coraje observamos la urgencia y descaro de los representantes del mal gobierno y de los empresarios por aplicar las llamadas “reformas estructurales” que necesitan para hacer efectivo el total despojo de los bienes y de los derechos del pueblo”. Por otra parte, con gran claridad política, el comunicado de la CRAC afirma:
“Antes ya arrasaron con los derechos de los campesinos al modificar el Artículo 27 de nuestra Constitución y hacer posible que los empresarios despojen de sus tierras y patrimonios a los ejidatarios y comuneros. El gobierno ha abandonado y dejado de apoyar a los trabajadores del campo para que sean los empresarios capitalistas los que inviertan, con lo que convierten a los campesinos en peones de su propia tierra. Los programas como Procampo son una burla para la dignidad del campesino. Las miserias que entrega el gobierno a través de sus programas oficiales sirven sólo para que el campesino pobre no se muera y pueda seguir votando en las elecciones y seguir legitimando a los políticos de cualquier partido para que lo sigan explotando y humillando”.3
La CRAC-PC se formó en 1995, como respuesta organizada de numerosas comunidades de la Montaña y Costa Chica guerrerenses ante la escalada de delincuencia que las azotaba desde entonces. Los campesinos —productores de café, jamaica y maíz— decidieron articular guardias armadas que protegieran el comercio local de sus productos y el tránsito normal de las personas, pues la situación que el bandolerismo había provocado era ya insostenible. Con el tiempo, para los pobladores comenzó a resultar evidente la colusión de los delincuentes con el gobierno, la corrupción imperante que permitía que campesinos y pequeños comerciantes fueran despojados de su poca riqueza e, inclusive, que las mujeres y niñas fueran salvajemente violadas con absoluta impunidad. Fue esta conciencia respecto al papel del estado en el despojo ilegal de los trabajadores, lo que fue llevando a la CRAC a niveles mayores de organización y a la superación de sus primeros objetivos. Desde entonces, la organización se ha encargado de gestionar diversas demandas sociales que van desde la exigencia de apoyos serios a la economía caficultora o el fortalecimiento de los programas educativos en la región, hasta la oposición directa contra los proyectos trasnacionales de minería a cielo abierto que amenazan los recursos comunitarios del estado de Guerrero.
Durante los sexenios panistas, debido al crecimiento inusitado del crimen organizado, el proyecto de Policía Comunitaria vivió también una expansión considerable, incluso llegó a tener reflejos en organizaciones comunitarias de Chihuahua, Michoacán y el Estado de México. Lo que no se debe perder de vista es que las policías comunitarias son organizaciones independientes del gobierno, que se rigen de acuerdo con reglamentos internos consensados de acuerdo con los usos tradicionales de los pueblos y que, con base en ello, disputan al estado el monopolio de la fuerza y de las armas. En ningún sentido se trata de formaciones arbitrarias o impuestas contra la voluntad de los pobladores, pues surgen directamente de su experiencia cotidiana y de las necesidades de su vida económica: la producción y el comercio de café; pero también, de cómo éstas entran en contradicción con las distintas coyunturas y con el rol que el estado y el capital juegan en cada una. Así, para ellos es claro que el papel del gobierno no es garantizar la seguridad de la población, sino abrir paso a “los empresarios capitalistas” para que puedan convertir a los campesinos en “peones de su propia tierra”. Al mismo tiempo, su conciencia de clase aflora cuando se percatan de que ese mismo estado sólo lleva a cabo programas sociales para no matar de hambre a su propia fuerza de trabajo, que habrá de agradecer con la legitimación electoral.
Ahora bien, ese grado de conciencia es posible justamente porque la crisis mundial del capital ha obligado, en varias regiones del planeta, incluida la nuestra, a un cambio en los patrones de acumulación; cambios que incluyen las vías más ilegales y más cruentas —la esclavitud, el tráfico de personas y la violencia que genera la lucha entre bandas de narcotraficantes— y que tienen que ser toleradas e incluso fomentadas por el estado, como lo prueba el rumbo general del sexenio calderonista. Es esa posición incómoda del estado, que lo orilla a ejercer el papel de protector de los capitalistas y ya no del capital —como lo hacían el estado benefactor y el populista— lo que conlleva al surgimiento de opciones de organización política independiente, que al ir entendiendo así su antagonismo respecto al capital y al estado se van presentando cada vez más como organizaciones revolucionarias.
En este sentido, el ingreso de la CRAC-PC al MPG representa una afrenta al estado en dos sentidos. En primer lugar, porque potencialmente existe como una suerte de “brazo armado” de la organización, que lo orillará a pensárselo bien antes de intentar una represión generalizada en contra del movimiento; el riesgo de la guerra civil subyace de nuevo al conflicto de clases en nuestro país, como en 1910 y en 1994, y con ello peligran las condiciones mismas de la dominación capitalista. De ahí que las acciones más radicales del MPG hayan sido realizadas incluso sin la menor presencia de los cuerpos represivos y que éstos sólo hayan aparecido para desalojar la Autopista en abril pasado.
Por otro lado, la CRAC-PC aporta al movimiento magisterial una experiencia de independencia política y autonomía organizativa respecto al estado, misma que a ese movimiento le viene como anillo al dedo una vez que sus tradicionales canales de mediación institucional de intereses —el SNTE y los partidos de la izquierda burguesa— han sido rebasados en cuanto tales por la misma crisis del capital, que vuelve absolutamente necesaria la aprobación a toda costa de las reformas estructurales. Ambos factores (experiencia de independencia política y capacidad de respuesta armada en potencia) al servicio de un movimiento de masas organizado como es el del magisterio, han puesto en verdadero jaque al gobierno de Ángel Aguirre, que simple y llanamente ha perdido el control de la ciudad de Chilpancingo.
III
Por todo lo anterior, el movimiento guerrerense representa un referente para los movimientos sociales a escala nacional. Es necesario que los sectores de trabajadores que este primero de mayo se manifestaron en contra de la reforma educativa y, en general, en contra de las reformas estructurales comprendan que sólo a través de una lucha independiente como la del MPG es posible ejercer sobre el estado la presión suficiente. Pero
también, que esa misma independencia sólo puede mantenerse y fortalecerse si se tejen alianzas con otros sectores de la clase trabajadora que han sido golpeados ya desde hace mucho por las reformas neoliberales y a los cuales la actual crisis del capital, con su correlato político, los ha orillado a forjar organizaciones cuyos primeros objetivos tenían que ver sólo con su supervivencia, pero que han mostrado evoluciones políticas significativas. De la misma manera, es fundamental que estos últimos sectores organizados comprendan que sólo aliándose con la clase trabajadora de las ciudades podrán llevar sus demandas a una escala que haga posible una transformación radical de sus condiciones de vida.
IV
Pese a todo lo anterior, no se puede confundir la lucha actual del pueblo guerrerense con una plenamente revolucionaria, puesto que, evidentemente, aún se encuentra dentro el amplio ámbito del reformismo: su objetivo central es echar atrás una reforma para mantener vivas viejas condiciones de vida y de acuerdo con el sistema capitalista. Sin embargo, este reformismo se ejerce desde una inusitada independencia política, misma que no podemos sacar del análisis. Y es que, como hemos tratado de aclarar, dicha independencia deviene del proceso mismo de la lucha de clases en una coyuntura particular de la historia del capitalismo. Ahora, el único capitalismo que existe es su versión más salvaje, el neoliberalismo más intransigente, aquél que ni siquiera contempla la posibilidad de reformarse a sí mismo. Los canales de negociación que el conflicto de clases había creado, que finalmente habían sido tomados por el capital y el estado para darle al sistema la estabilidad política que le permitiera subsistir, hoy son ya caducos porque no garantizan las tasas de acumulación mínimas para los empresarios a escala global.
Si estos canales presuponían la dependencia política de los explotados, a través de los sindicatos y los partidos políticos, su obsolescencia tiene como resultado lógico la independencia política de las clases oprimidas. Pero que sea un resultado lógico no quiere decir que sea automático ni necesario, sino sólo que es una posibilidad. También es probable que los trabajadores decidan seguir a muerte a sus viejos líderes, como en el caso del SME, o que no se organicen de ningún modo como ocurre con casi toda la población trabajadora del país. Si los movimientos que se consolidan como independientes terminan por comprender la razón de esa independencia, se estará a un paso de la organización revolucionaria, pues la ruptura absoluta con las instancias burguesas de mediación abrirá paso a la alianza de clase con todo el proletariado. Si hoy el Congreso de Guerrero sigue siendo el centro de atención del MPG; si hoy se les sigue exigiendo a los legisladores que no aprueben una reforma, mañana se habrá de voltear a ver a toda la clase trabajadora, igual de golpeada y humillada, y se verá en esa alianza la única posibilidad de vivir mejor, lo que supone la abolición definitiva de las relaciones capitalistas. Que se dé ese paso puede depender del transcurso mismo del conflicto, pero también de la decisión que muestren quienes de antemano comprenden el proceso y estén dispuestos a realizar un serio ejercicio de propaganda y difusión del conocimiento. En ese sentido, el movimiento estudiantil puede decidir salir de su mediocridad y ejercer un papel histórico digno de su tradición.eQ
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